Hace apenas tres días, se cumplieron 31 años de la Ley de Integración
Social del Minusválido (LISMI), una ley que vela por la integración de
los minusválidos en la sociedad, donde uno de sus objetivos, entre
otros, es impulsar y fomentar la integración laboral de personas
discapacitadas. Entre otras obligaciones, la LISMI obliga a las empresas
de más de 50 trabajadores a contratar un número de trabajadores con
discapacidad no inferior al 2%, pero es una realidad que solo el 13% de
las empresas españolas cumplen con los requisitos que exige la LISMI.
Estas prefieren arriesgarse, ya que las inspecciones de trabajo no son
lo eficientes que tendrían que ser, ni las sanciones lo elevadas que
podrían ser. Esta falta de voluntad por parte del Gobierno en no querer
hacer cumplir esta ley que vela por una cosa tan esencial como es la
igualdad entre personas es un reflejo de su forma de actuar: se trata de
un Gobierno que fabrica máscaras que decoran la realidad con leyes y
promesas que no se cumplen, y que siempre acaban protegiendo a las
mismas grandes empresas y desprotegiendo a los colectivos más débiles.—
